Encuesta petrolera puede llevar a guerra civil: Juan Brom
El investigador de la UNAM asegura que de no acatarse el resultado de una encuesta propiciará las condiciones para provocar violencia social
Nurit Martínez Carballo
El Universal
Culiacán, Sinaloa
Viernes 06 de junio de 2008
18:42 El resultado de la encuesta sobre el petróleo, de la reforma energética, puede desembocar en violencia hasta llegar a un tipo de guerra civil, planteó el historiador Juan Brom.
Luego de considerar como positivo que se realice una consulta entre la población, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México dice que en el caso de que el Congreso, los senadores no acaten el resultado de una encuesta en donde la participación sea mayor, existen las condiciones para que se pueda provocar la violencia social.
En entrevista el historiador que visitó la Universidad Autónoma de Sinaloa dijo que en este momento México vive "gran descontento" porque la situación económica y social, el impacto de la crisis alimentaria, la pobreza o el impacto del cambio climático con zonas devastadas, ha empeorado, para grandes sectores populares, entonces "el catalizador puede ser el problema del petróleo".
Explicó que a pesar de que dentro del gobierno de Felipe Calderón se ha afirmado que la consulta, propuesta pro el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, es violatoria de la Constitución y que no es obligatorio atender su resultado, los partidos tendrán que considerar realizar dicha consulta popular si no quieren tener costos políticos en las elecciones de 2009 y 2012.
El historiador relató que en este momento en Bolivia enfrenta una situación semejante de convocar una encuesta, más con carácter de referemdum, revocatorio.
Indicó que sólo en caso de empate o poca participación de la población en la encuesta no sucedería nada en el país, pero únicamente de esa forma se puede crear una conciencia política, entre los legisladores de atender también la posición que asumen los ciudadanos.
Juan Brom, recordó que en la historia de México nunca se han dado una consulta tan amplia como la que se ha propuesto. Sin embargo, dijo que se tienen registradas dos consultas a los ciudadanos; la primera fue durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna que significó su reelección.
La segunda, durante la ocupación francesa, fue el ejército de Francia quien convocó a los ciudadanos para decidir si habría que traer a un príncipe de fuera. De ello resultó que la petición a Maximiliano para que viniera gobernar México, "le dijeron que era una petición del pueblo".
"No soy enemigo de las revoluciones. Hay que estar conscientes que las revoluciones son muy costosas, de mucho sufrimiento y que si se puede lograr de forma pacifica, hay que tratar de hacerlo".
Pero también se cuestiona: "¿Qué va a suceder en los próximos años? La cuerda se puede tensar hasta reventar o se le pude encontrar un salida mejor, quizá se puede implantar, resultar, una apatía general. Significaría otros 20 o 30 años de andar vegetando hasta que estalle otro conflicto grandote".
Refirió que las consecuencia de la encuesta pueden ser "muy violentas o por lo menos muy graves, pero también llevar al sector gobernante a retroceder, en mucho, sus demandas".
A propósito de la preparación de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana, Juan Brom afirmó que la historia en efecto tiende a repetirse pero nunca por igual.
"Hay historiadores que niegan totalmente la existencia de leyes históricas, creo que si hay leyes históricas pero no como las leyes física, exactas, precisas. Sí leyes de probabilidad que indican tendencias" y este puede ser el caso de México, comentó.
Nadie con un poco de sentido común podría desear un escenario de violencia interna. Por eso es necesario realizar la consulta y respetar el resultado, sea cual sea. Pero según un periodista extranjero, lo más preocupante es que además del conflicto por la privatización petrolera es probable que ya nos encontremos sumidos en una guerra civil.
¿Vive México una guerra civil?
Por Malcolm Beith
3 de junio de 2008
Exclusiva de World Politics Review
Ciudad de México – “Estamos en guerra” decía el encabezado de un editorial reciente de El Universal después de la muerte de otro policía federal.
Más de 4,000 personas han sido asesinadas en México desde que la lucha en contra del crimen organizado fue iniciada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón. En lo que va del año 178 policías han sido privados de su vida. Los funcionarios mexicanos aseguran que los cárteles están a la defensiva por los operativos en su contra que han modificado su forma de vida.
Calderón casi siempre ha sido cauto al describir la situación, optando por la palabra “lucha” en vez de “guerra” en una reciente reunión con reporteros. Antes de dicho editorial El Universal, uno de los principales diarios de México, se abstuvo de usar la palabra “guerra”.
Pero “guerra civil” podría describir con precisión el estado actual del conflicto en México. A fin de cuentas, cerca de 30,000 soldados y policías federales están metidos de lleno en una confrontación sangrienta contra sus propios compatriotas.
El término “guerra civil” podría ser demasiado simplista para ilustrar lo que hace poco un funcionario de inteligencia mexicano describió como “un juezo de ajedrez”. Los mayores cárteles de la nación, incluyendo a los grupos de Sinaloa, Golfo, Juárez, Tijuana y Sonora están compitiendo y peleando entre sí para controlar las lucrativas rutas de la droga hacia Estados Unidos.
La mayoría de las definiciones académicas de guerra civil estipulan que el poder del gobierno y las decisiones importantes deben estar bajo disputa; algunos añaden que la oposición debe estar armada. Estos criterios se originaron durante las Guerras de las Rosas en Inglaterra, en el siglo XV, cuando la Casa de York se enfrentó a la Casa de Lancaster por la posesión del trono.
El candidato perdedor de las elecciones de 2006, Andrés Manuel López Obrador, junto a sus fieles seguidores izquierdistas no reconocen a Calderón como el presidente legítimo y aún se niegan a trabajar con el PAN en el Congreso, alegando un fraude electoral. Pero no emplean las armas.
Los cárteles de la droga, mientras tanto, no están alineados con el partido de López Obrador y tienen poco interés en formar partidos políticos o contender por cargos públicos. Quizá esto se debe a que no requieren hacerlo.
En muchas ciudades a lo largo de México los cárteles ejercen su mandato sobre la policía o los políticos locales a través del miedo o mediante sobornos. A principios de año, en Tijuana un alto general del ejército elaboró una lista de agentes empleados por el narcotráfico, quienes les ofrecían protección o miraban hacia otra parte. En tres ciudades del país toda la fuerza policiaca local renunció por miedo a las represalias del narco.
Oficiales mexicanos de alto rango, entre ellos el procurador general Eduardo Medina Mora, han repetido que una de las mayores amenazas al país es la influencia del mundo de la droga sobre la política.
Los barones de la droga en México no parecen tener las mismas ambiciones de Pablo Escobar, el amo del tráfico colombiano que fue electo al Congreso en la cima de su reinado. A fin de cuentas los cárteles mexicanos tienen tal poder sobre las legislaturas locales que no requieren asistir a las sesiones legislativas.
Según el ejército de Estados Unidos, “guerra civil” es una “guerra entre facciones del mismo país, hay cinco criterios para el reconocimiento internacional de este estado: Los bandos deben controlar una porción del territorio, tener un gobierno en funciones, disfrutar de cierto reconocimiento externo, tener fuerzas armadas regulares y distinguibles, así como involucrarse en operaciones militares de gran envergadura.”
Los cárteles de la droga controlan en México de manera extraoficial una gran porción del territorio fuera de la supervisión del gobierno. Aunque el gobierno de Estados Unidos, desea otorgar 1,400 millones de dólares a Calderón para luchar contra las organizaciones criminales, parece reconocer que los negocios del narco ponen en riesgo la estabilidad y soberanía del Estado mexicano. Los sicarios del Cártel del Golfo conocidos como los “Zetas” son desertores del ejército que participan en operaciones militares de gran envergadura, a menudo contra sus propios compañeros.
En el verano de 2006, en la cúspide de la violencia sectaria en Irak (tres mil civiles iraquíes muertos mensualmente) hubo llamados reiterados para que el gobierno de Estados Unidos aceptara que la nación había entrado en la guerra civil. Académicos, historiadores, políticos, periodistas y generales iniciaron un debate acalorado sobre la definición moderna de dicho concepto.
Más de 2,500 mexicanos murieron el año pasado por la violencia relacionada con el crimen organizado. Sólo el mes de mayo 493 personas fueron asesinadas a lo largo del país, colocando el conteo de víctimas en más de 1,400. Ante estos hechos impresionantes quizá sea hora de calificar el conflicto alimentado por las drogas como lo que parece cada vez más: una guerra civil.
Malcolm Beith es el editor de la sección México para The News en el Distrito Federal.
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